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También se observó que la sospechosa le transfirió a su expareja una primera cantidad de 200 euros, y luego otra de fifty euros, mientras que otro cómplice recibió 250 euros de la cuenta bancaria de ella, unas transferencias que argumenta la acusación de financiación del crimen. Un tunecino, el autor
Es importante destacar que la extradición no es un proceso automático y puede haber obstáculos legales y políticos que dificulten su ejecución.
Los presupuestos subjetivos para la extradición se refieren a que la persona solicitada esté acusada o condenada por un delito en el país que solicita la extradición, y que exista suficiente evidencia para sostener la acusación o condena.
En resumen, la falta de tratados de extradición con algunos países puede representar un obstáculo en la búsqueda de justicia y castigo para los delincuentes.
En la actualidad, son varios los países que no tienen tratados de extradición con España. Entre ellos se encuentran:
Esta situación puede generar problemas en la justicia, ya que puede permitir que personas acusadas de delitos graves se refugien en estos países, evitando así su responsabilidad ante la justicia española.
La sospechosa, identificada como Chahinez K., tiene 27 años y fue arrestada en Países Bajos a finales here de abril a solicitud de las autoridades españolas. Se le acusa de financiar y ayudar a planear el tiroteo, aunque ella ha negado tener algún vínculo con lo ocurrido. “Yo simplemente fui utilizada”, aseguró, en respuesta a las acusaciones. TE PUEDE INTERESAR
Los tratados de extradición se refieren al derecho que tienen dos países de enviar o recibir a una persona que enfrenta un proceso lawful.
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Curiosidad: ¿Sabías que algunos países no extraditan a sus ciudadanos? Esto significa que si un ciudadano comete un delito en su país de origen, puede evitar ser extraditado y juzgado en otro país.
La extradición es un término jurídico que se regula en diferentes tratados internacionales y en la legislación de cada país.
En algunos casos, la extradición puede ser denegada si se considera que el individuo enfrentaría un trato inhumano o degradante en el país solicitante, o si existe el riesgo de que se le imponga la pena de muerte.